Cinco personas han sido condenadas hasta ahora en el marco de las investigaciones por abusos sexuales y maltrato a decenas de menores en albergues supervisados por el Estado panameño, un escándalo que conmocionó al país a inicios de 2021, informó este miércoles el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
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Tres de las personas fueron sentenciadas por delitos sexuales y dos por maltrato al menor, informó en una conferencia de prensa el Fiscal Superior de la Sección Especializada en Familia del MP, Aurelio Vásquez, sin más precisiones.
En la Sección Especializada en Familia y en la Fiscalía Anticorrupción hay además 27 carpetas que se encuentran en trámite para "tomar una determinación en cuánto a la acusación formal, que en su momento se va a presentar", agregó el fiscal Vásquez.
En abril pasado se informó que cerca de medio centenar de menores habían sido reubicados y mantenían medidas de protección en el marco de la investigación, que comenzó en el 2018 según datos de la Fiscalía.
Un informe parlamentario difundido en febrero de 2021 señaló que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado fueron víctimas de abusos sexuales y malos tratos al menos desde 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo para los culpables.
Los albergues en Panamá, que tienen una población de alrededor de 1.200 menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad, son administrados por ONG y fundaciones y reciben subsidios públicos.
La estatal Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) es la encargada de la supervisión de los albergues. La que era su directora, Mayra Silveira, salió el 4 de marzo de 2021 del cargo que solo ejerció durante un mes.
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En medio del escándalo de los albergues el fiscal general panameño Eduardo Ulloa renunció en febrero pasado.
"Debimos trabajar con un sistema incapaz de dar solución a situaciones tan críticas como el bienestar de nuestra niñez, conllevando una responsabilidad institucional, aunque no personal, por los últimos hechos que han conmocionado a la nación panameña", argumentó Ulloa en su carta de renuncia.
En agosto pasado las diputadas que investigaron el escándalo informaron que tres nuevos casos de supuesto abuso a menores en albergues, que habrían ocurrido en abril de 2021, fueron denunciados ante las autoridades.
"Hemos quedado consternados frente a unos señalamientos y un informe que presentó la diputada Emelie García en donde de manera anónima presentaron casos donde jóvenes adolescentes han sido supuestamente violados, afectados", dijo en agosto la diputada Kayra Harding, quien es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
A estas víctimas, "los albergues no les han presentado la debida protección, y se ha creado una subcomisión para comenzar a recabar mucha más información de la que ya tenía inicialmente la diputada" García, agregó Harding.
